Colectivos exigen aplicar el artículo 34 ante crisis de desapariciones en México

Organizaciones de derechos humanos y colectivos de familias de personas desaparecidas presentaron una propuesta formal ante autoridades federales para integrar las disposiciones del artículo 34 de la Convención Internacional para la Protección de Todas las Personas contra las Desapariciones Forzadas en la legislación mexicana. Esta iniciativa busca estandarizar los procesos de búsqueda y mejorar la coordinación entre la Fiscalía General de la República y las fiscalías estatales ante el incremento de casos en el territorio nacional. Actualmente, el registro oficial señala la existencia de más de 135 mil personas desaparecidas, una cifra que los colectivos consideran insuficiente frente a la magnitud de la crisis humanitaria que atraviesa el país a finales de agosto de 2026.

La propuesta se centra en la creación de un mecanismo de cooperación internacional que permita agilizar la identificación de más de 72 mil restos humanos que permanecen en centros forenses sin ser reclamados. Los representantes de las familias enfatizaron que la implementación de estas normas internacionales obligaría al Estado mexicano a fortalecer los presupuestos destinados a la identificación genética y a la infraestructura de los servicios periciales. El objetivo principal es garantizar que las familias tengan acceso a la verdad y a la justicia mediante procesos transparentes y apegados a estándares globales, evitando la revictimización en las gestiones ante las instituciones de seguridad y justicia.

Dentro de los puntos clave del documento entregado a la Secretaría de Gobernación y a la Cámara de Diputados, se destaca la exigencia de una mayor participación de las familias en las mesas de trabajo interinstitucionales. Los colectivos sostienen que el acompañamiento técnico internacional, bajo el marco del artículo 34, permitiría auditar los registros de la Comisión Nacional de Búsqueda y asegurar que las políticas públicas tengan un enfoque diferenciado según las necesidades de cada entidad federativa. Esta medida busca cerrar las brechas de información que actualmente dificultan la localización de víctimas en zonas con altos índices de violencia.

Por su parte, los representantes de las organizaciones civiles han señalado que la disposición para colaborar con el gobierno federal depende de la voluntad política para aceptar recomendaciones de organismos externos. La intención es que el Poder Judicial, encabezado por la Suprema Corte de Justicia de la Nación, supervise el cumplimiento de estas obligaciones internacionales para asegurar que los esfuerzos no se limiten a reformas administrativas. El diálogo se mantiene abierto mientras las familias continúan con sus brigadas de búsqueda independiente en diversos estados, ante la urgencia de dar respuesta a los miles de expedientes abiertos.