Gobierno mexicano analiza propuesta de nuevo gravamen a dispositivos electrónicos

La Secretaría de Cultura, en coordinación con el Instituto Nacional del Derecho de Autor (Indautor), analiza una propuesta para establecer una tarifa compensatoria aplicable a la venta de teléfonos inteligentes, tabletas y memorias USB en territorio nacional. Este gravamen, que algunos sectores han denominado de manera informal como moche digital, busca generar recursos adicionales bajo el argumento de la protección a los derechos de propiedad intelectual, estableciendo un costo de hasta el 2% sobre el valor comercial de dichos dispositivos.

El planteamiento técnico, aún en etapa de revisión, tiene como objetivo principal compensar a los creadores de contenido por el uso privado de sus obras en equipos electrónicos personales. De acuerdo con los borradores de la propuesta, la recaudación sería administrada por organismos gestores para su posterior distribución entre titulares de derechos de autor, siguiendo modelos que han sido discutidos en diversos foros internacionales sobre cultura y propiedad intelectual.

Representantes del sector tecnológico y comercial en México han manifestado su preocupación respecto al impacto que este cargo tendría en el precio final de los productos al consumidor. Argumentan que la medida podría encarecer el acceso a la tecnología en un momento en el que la digitalización es fundamental para la economía nacional, además de cuestionar la viabilidad operativa de gestionar un impuesto de esta naturaleza en un mercado tan dinámico.

Por su parte, las autoridades culturales han señalado que el proyecto busca fortalecer la economía creativa del país y garantizar que los autores reciban una remuneración justa por la reproducción de sus obras en el entorno digital. El debate legislativo aún no ha iniciado formalmente, por lo que la propuesta deberá ser presentada ante el Congreso de la Unión para su análisis, discusión y eventual votación por parte de los legisladores en las cámaras correspondientes.

Hasta el momento, no se ha establecido un calendario oficial para la presentación de esta iniciativa ante el Poder Legislativo. La Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP) deberá participar en la evaluación de la viabilidad económica de este cargo, considerando tanto los beneficios para el sector cultural como las posibles repercusiones en el índice inflacionario y el poder adquisitivo de los ciudadanos.