PAN propone juicio político y desaparición de poderes en Sinaloa

La dirigencia nacional del Partido Acción Nacional (PAN) formalizó este domingo una solicitud ante el Congreso de la Unión para iniciar un juicio político contra el gobernador de Sinaloa, Rubén Rocha Moya. La petición incluye la declaratoria de desaparición de poderes en la entidad, argumentando que las condiciones actuales de gobernabilidad y seguridad pública han superado la capacidad de respuesta de la administración estatal.

El grupo parlamentario del PAN hizo un llamado directo a los legisladores de Morena para que respalden esta iniciativa en el Poder Legislativo federal. Según el comunicado emitido por la dirigencia panista, el retorno del mandatario estatal a sus funciones no ha garantizado la estabilidad necesaria en el estado, por lo que consideran urgente que el Senado de la República analice la situación conforme a lo establecido en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos.

La propuesta surge en un contexto de creciente presión política sobre el gobierno sinaloense debido a la crisis de seguridad que afecta a diversas regiones de la entidad. Los representantes del PAN sostienen que la desaparición de poderes es una medida necesaria ante lo que denominan una parálisis institucional, buscando que sea el Poder Legislativo quien tome cartas en el asunto para restablecer el orden democrático en la entidad federativa.

Por su parte, los legisladores de Morena aún no han emitido una postura oficial respecto a si someterán a discusión la propuesta de sus homólogos de oposición. El procedimiento de desaparición de poderes requiere de un análisis exhaustivo en el Senado, donde se debe comprobar la existencia de una situación que imposibilite el ejercicio de las autoridades locales o que rompa el orden constitucional.

La solicitud del PAN marca un nuevo punto de fricción en la relación entre las fuerzas políticas en el Congreso de la Unión. Mientras tanto, la ciudadanía en Sinaloa permanece a la expectativa sobre las decisiones que tomarán las autoridades federales ante esta petición formal de intervención estatal.